A través de los años, las diferentes administraciones del gobierno han transformado, cada vez más, el proceso de reclamación de beneficios de incapacidad en una carrera de obstáculos para cualquier persona. La situación es crítica, ya que la población de incapacitados se compone de personas que puedan tener capacidades reducidas para cumplir con los detalles de un sistema en continua evolución.
Las exigencias de prueba y documentación han aumentado enormemente a través de los años, al igual que el número total de solicitantes. Los reclamantes de beneficios de incapacidad están en necesidad, y tienen derecho de conseguir ayuda profesional y cualificada en cada paso del proceso. Tristemente, muchos carecen de esta ayuda, y más y más personas están siendo negadas.
El Seguro Social esta invirtiendo muchos recursos para modernizar y manejar el aumento en reclamaciones implementando amplios cambios en el proceso de compensación por beneficios de incapacidad. Tenemos nuevas regulaciones y procedimientos que entran en vigor sucesivamente a través de los próximos años – solicitando por Internet, reportes en línea, almacenaje de documentos electrónicos y otras innovaciones que se implementan con la intención de agilizar el retraso de apelaciones pendientes en cada nivel.
Estos cambios pueden ser un reto hasta para los abogados más experimentados. La reorganización y digitalización del proceso de reclamaciones; desde la solicitud hasta la aprobación (o negación), resultan en exigencias más meticulosas en cuanto a las maneras en las cuales los documentos se someten. Queda sin mencionar la problemática de las fechas límites impuestos por este nuevo “papeleo” electrónico.
Más aún se imponen nuevos requisitos de formularios y procedimiento. Ciertos derechos para apelar pueden estar comprometidos por nuevas regulaciones y prácticas que podrán efectuarse tan pronto como el principio del ano próximo. La Administración de Seguro Social ha estado bajo fuego recientemente por grupos activistas nacionales tales como N.O.S.S.C.R. (www.nosscr.org) y la Unión de Libertades Civiles Americanas (www.aclu.org). Estos grupos están intentando de asegurar que la Administración de Seguro Social, en su intento de reformar el procedimiento, no comprometa algunos de nuestros derechos básicos. Hay preocupaciones de que estos cambios pueden facilitar un aumento en la cantidad de negaciones emitidas, resultando en injusticias para los reclamantes.